Quince familias de Punta Arenas finalizaron su ciclo de intervención en el programa Abriendo Caminos, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y destinado a mitigar los efectos psicológicos, familiares y sociales que provoca en niños, niñas y adolescentes (NNA) la separación forzosa y prolongada de un adulto significativo privado de libertad.
El término de este ciclo se llevó a cabo el domingo 8 de diciembre, con una jornada de evaluación y certificación, donde las familias compartieron de un almuerzo, y de un espectáculo infantil de Navidad que contempló la visita anticipada del Viejito Pascuero.
La versión del programa intervino a 40 niños, niñas y adolescentes durante 24 meses, período en que recibieron acompañamiento de un tutor según las necesidades particulares (atención psicológica, apoyo escolar, desarrollo personal, afectividad, entre otras), además de visitas a recintos culturales.
También, las y los cuidadores principales fueron beneficiados con servicios de consejerías familiares y asesoría sociolaboral para la promoción de competencias de empleabilidad y apoyo en la búsqueda de empleo. Esta versión del Abriendo Caminos fue ejecutada por la ONG Trekan.
El Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, explicó que “desde el año 2013 este programa ha sido parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades de nuestro ministerio, beneficiando en su trayectoria a 2 mil 500 niños, niñas y jóvenes del país para lograr mejores condiciones de vida. Pero la puesta en marcha de la Ley de Garantías establece que la Subsecretaría de la Niñez tenga dentro de sus beneficiarios a los niños, niñas y adolescentes cuyo adulto significativo se encuentre privado de libertad, además de sus cuidadores, cambio que nos ayuda a dirigir de manera más focalizada la oferta programática y los recursos de nuestro ministerio”.
El principal cambio de este programa al estar actualmente inserto en la Subsecretaría de la Niñez radica en la oportunidad de intervención dirigida a NNA, puesto que aparte de considerar como beneficiarios indirectos a las personas condenadas, incorpora a los adultos que se encuentran en calidad de imputados, lo que permite mitigar de forma más temprana los efectos adversos que genera la separación.