La Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) ha manifestado su rechazo categórico frente al ingreso del proyecto de ley correspondiente al Boletín N° 17.974-15. Dicha iniciativa busca modificar la Ley N° 20.433 que regula los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
La organización gremial, que representa a más de 1.100 emisoras en todo el territorio nacional, advirtió que el 85% de sus asociadas son Pymes familiares, locales y regionales cuya sostenibilidad se vería directamente amenazada por esta normativa. En su declaración, liderada por Solange Gómez Jelves y la Mesa Directiva Nacional, ARCHI expone los siguientes fundamentos para fundamentar su oposición:
Inconstitucionalidad: El gremio asegura que el proyecto vulnera flagrantemente el Artículo 65 de la Constitución Política de la República. Esto se debería a que la iniciativa pretende otorgar facultades comerciales plenas a entidades sin fines de lucro, manteniendo intactas sus exenciones de impuestos y cargas públicas.
Competencia desleal: La modificación autoriza la venta de "toda clase de publicidad" a las radios comunitarias. Para ARCHI, esto generaría una competencia directa por los avisadores frente a las radios comerciales Pyme, pero compitiendo bajo un esquema de privilegios injustificados y discriminación económica.
Riesgos técnicos y aumento de potencia: El proyecto busca reemplazar el límite técnico de potencia actual. La asociación advierte que esto implica un aumento desmedido de la potencia, lo que se traduce en una invasión del espectro radioeléctrico, riesgo de interferencias y afectación al derecho de propiedad.
A pesar de manifestar respeto por el valor social que aportan las radios comunitarias bajo la legislación vigente, la asociación enfatiza que el desarrollo de este sector no debe basarse en destruir a las Pymes radiales ni en vulnerar garantías constitucionales esenciales. Además, aclaran que cualquier institución puede acceder a una concesión de radio comercial siempre que respete las exigencias actuales.
Finalmente, ARCHI realizó un llamado y una petición formal a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. En el escrito, solicitan declarar la inadmisibilidad constitucional y rechazar de plano la intención de modificar la ley vigente, argumentando que la normativa actual ha entregado certeza jurídica, sustentabilidad y orden técnico al espectro radioeléctrico.