Se trata de 18 registros en los que se observan maniobras temerarias por parte de conductores en el centro de la ciudad
La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Dirección de Seguridad Pública y el Departamento Jurídico, entregó la mañana de este lunes dos discos con 18 videos captados por la Central de Televigilancia Municipal, en los que se observa a múltiples vehículos realizando trompos, derrapes, conduciendo a alta velocidad y ejecutando otras maniobras temerarias.
El objetivo de esta entrega, solicitada por la Fiscalía, es facilitar medidas probatorias de eventuales delitos, en el marco de la Ley 21.495.
Respecto de las imágenes, la directora de Seguridad Pública, Karen Rendoll, mencionó: “Este material corresponde a lo que hemos captado con nuestras cámaras durante aproximadamente cinco meses. Son 18 videos registrados en más de 100 días, y en ellos se ve involucrados a más de 20 vehículos”.
Además, Rendoll agregó que siempre hay un inspector atento a las cámaras de seguridad. “Esto lo captamos a través de la central de televigilancia, la cual funciona las 24 horas del día. Cuando se observan este tipo de maniobras o situaciones, se da aviso tanto a Carabineros como a nuestra patrulla, y también se resguardan los videos justamente para iniciar este tipo de acciones”.
En caso de que la Fiscalía determine que estas conductas captadas en los videos constituyen delito, los conductores involucrados podrían ir a juicio y ser sancionados según lo que establece la ley.
“En el caso de un delito de estas características, sin lesiones o daños de por medio, la ley contempla una pena de presidio menor en su grado mínimo, que va de 61 a 540 días de cárcel. También pueden aplicarse multas de hasta 10 UTM y penas accesorias, como el comiso del vehículo y la suspensión de la licencia de conducir”, explicó Michael Furniss, abogado de la Municipalidad de Punta Arenas.
Finalmente, la encargada de Seguridad Municipal, Karen Rendoll, recalcó que desde la central de cámaras se entrega constantemente material a la Fiscalía y a las policías cuando se registran casos de flagrancia, específicamente durante las primeras doce horas tras ocurrido un hecho.