El alcalde Claudio Radonich ofició al gobernador para exigir medidas urgentes que eviten un alza tarifaria y la prolongación indefinida del actual recinto de disposición final.
La Municipalidad de Punta Arenas expresó su preocupación por la ausencia de definiciones del Gobierno Regional respecto de la habilitación del futuro Centro de Gestión de Residuos, proyecto cuya puesta en marcha, originalmente prevista para enero de 2026, enfrenta nuevos retrasos que obligan al municipio a prolongar la operación del vertedero de Leñadura, pese a que su vida útil se encuentra cerca de terminar.
En un oficio enviado al gobernador regional, Jorge Flies, el alcalde Claudio Radonich advirtió que la incertidumbre técnica y administrativa del proyecto, así como la falta de avances concretos, podrían derivar en un escenario crítico para la comuna. En el documento, el jefe comunal expone que el retraso supera una década y que el propio gobernador reconoció recientemente en sesión del Concejo Municipal que la demora será “al menos de cinco años”, a la espera de nuevas evaluaciones ambientales y de definiciones que dependen de una consultora externa.
“Sí, como es de conocimiento público, tenemos un vertedero que nunca ha tenido permiso para funcionar, desde hace muchos años, pese a que Salud también lo ocupa”, señaló Radonich, quien recordó que el cierre del recinto estaba programado para un mes más, confiando en que el relleno sanitario reemplazaría su operación en 2026. “Lamentablemente, pese a las insistencias de la municipalidad durante los últimos años, nunca pudimos tener un contacto bueno con el encargado de este proyecto”, agregó el edil, apuntando que la falta de coordinación fue advertida desde el inicio de la administración regional actual.
En el oficio, la municipalidad recalca que se encuentra a escasos meses de iniciar la licitación para un nuevo operador del vertedero, sin información suficiente para proyectar plazos. A esto se suma la extinción total de material árido disponible en el terreno, insumo indispensable para cubrir diariamente las celdas de trabajo. Su reposición implicará un gasto anual de $700 millones para la comuna.
Radonich explicó que se deben abordar simultáneamente dos tareas complejas y onerosas: adquirir áridos por más de $700 millones y financiar maquinaria de tipo minera que permita triturar los residuos actuales, reduciendo su volumen y extendiendo el espacio disponible. “Esas son maquinarias que tienen un costo al menos de $1.500 millones extras”, precisó.
El alcalde enfatizó que el problema no es solo financiero. La ley obliga a que las tarifas del servicio de aseo reflejen los costos reales de operación, lo que podría traducirse en un alza significativa para los habitantes si el municipio asume en solitario la prolongación del vertedero. “Lo que buscamos es que no haya un impacto en los vecinos; y por eso le hemos solicitado al gobernador, que ya está en conocimiento de estos valores, que nos entregue recursos para que esto pueda funcionar”, sostuvo.
La Municipalidad de Punta Arenas solicitó formalmente cuatro medidas al Gobierno Regional: recursos para maquinaria destinada a reducir volúmenes; fondos por $744 millones para la compra de áridos; la transferencia progresiva de recursos del Plan de Cierre del vertedero; y la evaluación de alternativas adicionales para enfrentar la emergencia.
El oficio concluye pidiendo una respuesta clara sobre la factibilidad de estos requerimientos, con el fin de avanzar en una mesa de trabajo que permita implementar soluciones antes de que los costos recaigan en los vecinos. “Esperamos tener una respuesta positiva para que no impacte a los habitantes de Punta Arenas esta extensión de un plazo que lamentablemente no es responsabilidad nuestra”, señaló el alcalde, quien agregó que “ningún vecino es responsable de esta tardanza, como tampoco lo es la municipalidad”, concluyó el jefe comunal.