La autoridad regional valoró el ingreso del proyecto de ley Cautelares Reforzadas y la entrada en vigencia de la Ley N° 21.818, que impide a personas condenadas por delitos graves contra una mujer acceder a una pensión de sobrevivencia derivada
de su víctima.
Tras seis meses de despliegue por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, destacó dos iniciativas apoyadas por su cartera y que buscan fortalecer la respuesta del
Estado frente a la violencia contra las mujeres: el proyecto de ley Cautelares Reforzadas, ingresado a tramitación el 26 de agosto, y la Ley N° 21.818, vigente desde el 1 de septiembre.
“En estos meses hemos recorrido la región y escuchado a mujeres que enfrentan dificultades para acceder a apoyo. En Magallanes, las distancias y el aislamiento de algunas localidades hacen especialmente necesario que las instituciones actúen de
manera coordinada y a tiempo. Una mujer que denuncia debe encontrar un Estado que la proteja de manera oportuna y efectiva”, señaló la seremi, que ya se ha despleguedo por las provincias de Última Esperanza, Tierra del Fuego y Magallanes.
El proyecto de ley Cautelares Reforzadas propone dar continuidad a la protección cuando una causa pasa entre tribunales de familia y penales. También contempla una medida para prohibir el hostigamiento por medios digitales, mayor colaboración
de inspectores de seguridad municipal en el control de las cautelares y consecuencias más claras frente a la destrucción intencional de dispositivos de monitoreo. Además, plantea que el incumplimiento de una medida de protección sea
considerado por el tribunal al evaluar la prisión preventiva, según las circunstancias
de cada caso.
“Desde la región valoramos este proyecto porque una medida cautelar tiene que traducirse en protección real. Si una mujer tiene una prohibición de acercamiento a su favor, necesita saber que habrá seguimiento y una respuesta frente a su
incumplimiento. Las mujeres y sus hijos e hijas no pueden quedar expuestos a vacíos de protección mientras las instituciones resuelven quién debe actuar”, afirmó Sánchez.
La autoridad subrayó que esta tarea requiere el trabajo conjunto de los tribunales, el Ministerio Público, SernamEG, Carabineros, la PDI, los municipios y los demás organismos involucrados. “En una región tan extensa como la nuestra, la coordinación puede marcar una diferencia concreta para una mujer que busca ayuda, especialmente cuando vive lejos de una capital provincial, y en eso hemos estado trabajando estos meses de trabajo en terreno”, agregó.
A este proyecto en tramitación se suma la entrada en vigencia de la Ley N° 21.818. La normativa establece un mecanismo para impedir que personas condenadas por determinados delitos graves cometidos contra una mujer reciban una pensión de sobrevivencia derivada de su relación con la víctima. La prohibición comprende, entre otros, delitos como femicidio, homicidio, parricidio, secuestro, delitos sexuales y maltrato habitual, y se aplica una vez que existe una sentencia condenatoria
ejecutoriada.
Para hacer efectiva la prohibición, el tribunal deberá comunicar los antecedentes a la Superintendencia de Pensiones dentro de los tres días siguientes a que la sentencia quede ejecutoriada. Esta, a su vez, informará a las AFP y compañías de seguros correspondientes.
“Tal como señaló nuestra ministra Judith Marín, es muy doloroso pensar que alguien condenado por ejercer violencia grave contra una mujer pudiera recibir después una pensión vinculada a ella. Esta ley permite cerrar esa posibilidad mediante un
procedimiento claro. Es una señal de respeto hacia las víctimas y de responsabilidad del Estado para que la protección también se cumpla en la práctica”, concluyó la seremi.