La pesquera Camanchaca informó que presentó una demanda contra el Estado de Chile, donde exige una indemnización de 90 mil millones de pesos por los perjuicios que, según acusa, generó la modificación anticipada del régimen de fraccionamiento pesquero incorporado en la Ley de Pesca número 21.752.
Desde la empresa señalaron que el Estado fijó reglas claras hasta 2032, lo que permitió inversiones millonarias y decisiones estratégicas basadas en compromisos jurídicos explícitos y estables.
La empresa acusa que la Ley 21.752 redujo anticipadamente las cuotas industriales y favoreció al sector artesanal sin sustento técnico. Asegura que el cambio dañó la seguridad jurídica, dejó capacidad ociosa en plantas y flota, y proyecta para 2026 una merma de 33 mil toneladas de jurel a nivel nacional.
Por último, Camanchaca sostuvo que aceptó el sistema vigente en 2013, renunciando a autorizaciones indefinidas, pagando un elevado royalty y realizando inversiones de largo plazo. A su juicio, el cambio legal adelantado vulnera derechos adquiridos, afectó la seguridad jurídica y redujo permanentemente la participación industrial en el sector pesquero nacional.